Carta abierta del Transbalkan Solidarity Group

En la actualidad, hay decenas de miles de personas refugiadas y otros migrantes en los Balcanes. Algunas están alojadas en centros colectivos oficiales, pero una gran cantidad de personas están fuera del sistema, y sobreviven gracias a la ayuda de la población local y la asistencia que les proporcionan voluntarios y voluntarias a lo largo de la región. Sin embargo, y debido a la propagación del virus COVID-19, la ya difícil situación en la que se encuentran se está convirtiendo en un reto aún mayor, y exige medidas urgentes por parte de quienes están a cargo de la toma de decisiones, los actores nacionales e internacionales, y de la solidaridad de todos.

El Estado de Emergencia ahora en vigor en muchos países de la región sienta las bases para mantener y reforzar las desigualdades sociales y desgraciadamente, ya está sirviendo como fundamento para estigmatizar y reprimir aún más a las personas más desprotegidas entre nosotros. Pero esta situación excepcional no debe servir como excusa para continuar con las políticas de exclusión, restricción y expulsión, sufrimiento y angustia.

El miedo por nuestras propias vidas y por las vidas de aquellos que nos rodean, al que nosotros nos enfrentamos hoy, es desde hace mucho tiempo una realidad cotidiana para muchos. Estas incertidumbres del presente nos llevan a cuestionar radicalmente el sistema de las jerarquías geopolíticas y las distinciones raciales y de clase que nos dividen y nos clasifican, y que crean una población de personas no deseadas y rechazadas tanto a nivel global como en nuestros países. En estas condiciones no nos queda otra que trabajar por la eliminación de desigualdades impuestas, basadas en el estatus social y nacional.

Así, hacemos un llamamiento para que se detengan todas las prácticas discriminatorias y deshumanizantes oficiales y no oficiales, por la legalización de la existencia de todas las personas, por que se cierren todo tipo de centros colectivos y de detención que limitan el movimiento y que no garantizan condiciones humanas e higiénicas. Como personas individuales, hacemos un llamamiento por la afirmación de los valores de igualdad y libertad, y apelamos a actos de atención y cuidados y solidaridad.

Al mismo tiempo, como una forma de medidas de emergencia, exigimos que los gobiernos miembros de la Unión Europea, los estados de la región y todas las instituciones y organizaciones pertinentes garanticen que a aquellas personas que se ven obligadas a vivir en las calles, en edificios abandonados sin las condiciones sanitarias básicas o en centros colectivos inadecuados, se les proporcione alojamiento en condiciones humanas, seguras y sanitarias. Hacemos un llamamiento por que se garanticen unas condiciones de vida adecuadas y salubres a todas las personas, que edificios públicos y otros (no en uso, de propiedad privada), incluyendo instalaciones turísticas, se pongan a disposición de este fin. En una pandemia como la actual, el alojamiento básico para todas las personas vulnerables debe ser una prioridad de todas las políticas responsables públicas y de los estados.

En este sentido, recordamos que la Unión Europea, y en particular, la Comisión Europea, tienen una responsabilidad especial para con las personas refugiadas y otros migrantes “atrapados” en nuestros países. Tal y como han demostrado abiertamente en sus recientes acciones en la frontera greco-turca y en otras fronteras, quieren mantener a las personas refugiadas y migrantes fuera de su territorio a toda costa y sin importar cómo, incluso cuando esto suponga más violencia y sufrimiento.

En el marco de las medidas concebidas e implementadas por las autoridades locales y estatales, así como por organizaciones internacionales como la OIM y sus socios, que en algunos estados de la región han asumido un rol de liderazgo en el trabajo con personas en tránsito, pedimos la formación y activación inmediata de equipos móviles que lleven agua, comida, desinfectantes, artículos de limpieza y de aseo personal a todas las personas que lo necesitan que viven fuera de los campos. Los y las ciudadanas deben ser incluidas en este proceso sin restricciones, de manera voluntaria y en consonancia con las recomendaciones de los especialistas sanitarios y epidemiológicos.  

Hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas y personal voluntario local e internacional en la región que deseen ayudar de la manera que sea, que respeten las indicaciones del personal profesional sanitario y epidemológico con el fin de reducir la posibilidad de ponerse en riesgo o de poner en riesgo a las personas a las que ayudan. Hacemos un llamamiento para que todas las personas cooperen y coordinen su labor, porque solo de esta manera conseguiremos ganar a la pandemia del miedo y reducir los graves riesgos a los que se enfrentan las personas más desprotegidas entre nosotros.

Además, pedimos que a las personas que ya viven en centros colectivos a lo largo de la región, se les ofrezca una protección adecuada y una alimentación de calidad, además de condiciones higiénicas que cumplan con la dignidad humana básica. Entre estas personas, hay muchas que pueden considerarse vulnerables, como las que tienen enfermedades crónicas o sistemas inmunes debilitados. Es necesario que se mejore la atención sanitaria hacia estas personas. Los centros colectivos en Bosnia y Herzegovina, gestionados por la OIM son los que están probablemente en peores condiciones y muy por debajo de cualquier mínimo de dignidad. La mayoría están sobresaturados, en condiciones inadecuadas para mantener medidas higiénicas de manera regular, sin acceso regular a agua caliente para lavarse o agua potable para beber ni artículos básicos para la higiene personal o la desinfección. Las personas responsables de estos espacios deberían proporcionar estos recursos básicos en todo momento, no solo en las condiciones actuales de pandemia.

Hacemos un llamamiento para que se impliquen todas aquellas personas que tienen la capacidad y la obligación de actuar: agencias de la ONU y sus socias, en particular la OIM, que es la que tiene más jurisdicción; Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional y sus filiales locales, el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), Merhamet, Caritas y todas las otras organizaciones y grupos implicados de alguna manera en el cuidado de las personas en tránsito.

Para acabar, exigimos que a todas las personas por igual se les proporcione acceso no restringido al sistema sanitario, que no se trate a las personas en tránsito discriminatoriamente, y que las medidas concretas para protegerlas se integren y formen parte de todas las medidas que se implementan para proteger a la población en general. Exigimos que se proporcione a las personas acceso a la información sobre este virus en los idiomas que entienden, sobre cómo funciona en contextos locales micro, así como sobre cómo se propaga de persona a persona y cómo protegerse para no contraerlo. En la batalla contra esta pandemia, excluir a una parte de la población de las medidas de protección anulará todos los esfuerzos que se lleven a cabo para detener la propagación del virus.

Nuestros gobiernos están obligados por ley a garantizar el acceso a tratamiento de urgencia a todas las personas, sin importar su status – un tratamiento que el COVID-19 hará necesario para muchas personas. Por este motivo, también hacemos un llamamiento a las autoridades para que pongan a disposición de esta población tratamientos regulares y gratuitos, especialmente en casos de personas que han contraído el virus o cuando existan razones que hagan sospechar de un contagio. Al mismo tiempo, la situación requiere cautela y transparencia, y nos llama a mantener un apoyo organizado para las personas refugiadas, migrantes y de otros grupos en riesgo. Esto es lo que se espera de nosotros, por una cuestión de elemental humanidad, así como por la lógica pura de la sanidad pública, porque ¡nadie está a salvo hasta que todas las personas estemos protegidas!.